23:34h. Fuente: EUROPA PRESS
Cinco de los nueve imputados en la presunta trama de corrupción desmantelada con la 'Operación Pretoria' han recurrido su encarcelamiento directamente ante la Sala de lo Penal, órgano jerárquicamente superior al juez instructor, Baltasar Garzón, ante el que han recurrido en reforma tres de los acusados acusados, informaron este viernes fuentes jurídicas. A las 14.00 horas del viernes no constaba ninguna petición del noveno implicado, el director gerente de Servicios de Santa Coloma, Pasqual Vela. Entre los que han presentado recurso de apelación ante la Sala de lo Penal, cuyo plazo finalizaba este viernes, se encuentran el ex conseller Macià Alavedra y el ex secretario de Presidencia de la Generalitat Lluís Prenafeta (ambos de CiU), que están en la prisión de Soto del Real (Madrid) desde el pasado 30 de octubre.
También han obviado el recurso de reforma ante Garzón el presidente del Grupo Espais, Luis Casamitjana; el de Proinosa, Josep Singla; y el consejero delegado de la empresa de limpieza Limasa Mediterránea, Manuel Carrillo; todos los cuales se encuentran en libertad tras abonar fianzas que ascendían en conjunto 1.125.000 euros.
Los tres únicos imputados que han recurrido el auto de prisión ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 son el ex diputado del PSC y presunto cerebro de la trama, Luis García; el ex alcalde de Santa Coloma (PSC) Bartomeu Muñoz; y el ex concejal de Urbanismo, Manuel Dobarco. Los tres también están en prisión por orden de Garzón.
AGUJERO EN TRES MUNICIPIOS
Según el auto del juez, los ayuntamientos de Santa Coloma de Gramenet, Sant Andreu de Llavaneres y Badalona (Barcelona) dejaron de ingresar 44,7 millones de euros por tres operaciones urbanísticas desarrolladas en estos municipios.
Siete de los nueve imputados formaban "un grupo organizado de personas" dirigido por Luis García, al que Garzón cita como "consejero de facto o en la sombra", que invertía capitales procedentes de paraísos fiscales en la compra de terrenos que eran adjudicados y posteriormente recalificados gracias a una red de "intermediarios y comisionistas" formada por Alavedra, Prenafeta y el propio García.
La actividad de la trama se desarrollaba en torno al Ayuntamiento de Santa Coloma aunque también tenía "ramificaciones en otras localidades de Cataluña, Andorra, Suiza, Gibraltar, Portugal y las islas Madeira y Caimán", según apunta Garzón, quien ha investigado la 'Operación Pallaresa' de Santa Coloma, concerniente al Centre Comercial Gramenet (2001-2005), la 'Operación Badalona' (2002-2004) y las tres actuaciones desarrolladas por la empresa 'Niesma' en Sant Andreu de Llavaneras.
