11:13h. Fuente: EUROPA PRESS
El Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación Activa contra Santander Banif Inmobiliario por las presuntas irregularidades cometidas por la entidad por la suspensión de los reembolsos del fondo hasta 2011, anunciada por el banco el pasado mes de febrero, según el auto dictado el pasado 20 de octubre al que tuvo acceso Europa Press.
La querella, representada por los abogados Juan Manuel Moreno-Luque y Antonio Panea en nombre de cerca de 300 afectados, acusa a los responsables del fondo de presuntos delitos de estafa material, apropiación indebida, maquinación para alterar la libre formación de precios en el mercado y publicidad engañosa, uso de información privilegiada y delito societario, así como los demás hechos punibles conexos con éstos.
La asociación presenta acusación contra el presidente y el vicepresidente y consejero delegado de la sociedad gestora del fondo, Santander Real State Sgiic, Matías Rodríguez Inciarte y Pedro Ruiz-Olivares García, respectivamente.
También formula cargos contra Alfredo Sáez Abad y Rodrigo Echenique Gordillo, presidente y vicepresidente segundo, respectivamente, de Banco Banif, depositario del fondo. La querella pide que se declaren responsables civiles, directos o subsidiarios a Santander Real State Sgiic, Banco Banif y Banco Santander.
En el auto, la juez Belén Peña concluye que existen "características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal" y pide la apertura de diligencias previas, trasladando la querella al Ministerio Fiscal. Las partes tienen un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra esta resolución.
En los hechos denunciados se relata que Santander Banif Inmobiliario captó entre 2003 y 2006, 2.490 millones de euros asegurando que lo que se comercializaba era un fondo de inversión inmobiliario por tiempo indefinido, cuyo objetivo era obtener de los alquileres rentabilidades estables.
COMISIONES POR VALOR DE 640 MILLONES EN CINCO AÑOS.
Sin embargo, los afectados acusan a la entidad financiera de utilizar este fondo para extraer, entre 2003 y 2008, comisiones por valor de más de 640 millones de euros. Estas comisiones, según consideran, consumieron el 100% de los ingresos por alquileres netos y el 100% de los ingresos financieros netos y buena parte de las plusvalías reales por la venta de inmuebles que fue necesario enajenar para pagar las comisiones.
"Esta situación colocó a los más de 50.000 partícipes en el epicentro de la burbuja inmobiliaria y a la espera, muy preocupados, de si algún día se materializaran o no las plusvalías latentes declaradas año tras año por los responsables de la gestora", según el contenido de la querella.
Los afectados mantienen que cuando el Grupo Santander "se sintió incapaz de mantener un negocio en el que se apropiaba de todos los ingresos reales y dejaba a los partícipes los ingresos virtuales, provocó, anunciando una tasación extraordinaria, el pánico entre los partícipes y el colapso y el cierre del fondo".
Por último, la asociación denuncia que antes de la suspensión de los reembolsos los responsables del fondo facilitaron la salida del mismo, al mayor valor liquidativo de sus 14 años de historia, "a unos cuantos afortunados, privilegiados y bien informados partícipes, propietarios del 16,90% del patrimonio".
